Para muchos, en Santa Marta existe un verdadero detrimento en las políticas públicas de seguridad que no han sido eficientes.
La Alcaldía de Santa Marta desde hace seis años viene firmando una serie de contratos con la Fundación Paz y Reconciliación, que tiene como representante legal al ex guerrillero del ELN, León Valencia y como socio al columnista Ariel Ávila, este último activo opinador de los hechos de inseguridad que azotan a Santa Marta.
Sin embargo, los ataques de Ariel Ávila a la política de seguridad, aparecen con la llegada de Andrés Rugeles a la Alcaldía, cuando desde la empresa que coadministra junto a León Valencia, ha recibido tan sólo desde el mes de mayo de 2017, hasta ahora, $1,200 millones, que han quedado enterrados en el cementerio, con el incremento del sicariato en Santa Marta.
La amistad de León Valencia con las alcaldías de Santa Marta ha trascendido en el tiempo; a través de una de sus colaboradoras en su fundación, no es secreto que una de sus colaboradoras, fue la secretaria de Seguridad, Priscilla Zúñiga.
Este año con Rafael Martínez lograron contratos entre ellos el 009 del 11 de mayo de 2017 por valor de $5550 millones con el objeto de “Aunar esfuerzos a través del acompañamiento en la gestión de los diferentes procesos de la seguridad y la convivencia en el Distrito de Santa Marta por medio de la construcción e implementación de diferentes herramientas y estrategias de política pública”,
Pero lo colgado en el cumplimiento de metas solo aparece un documento de 18 páginas que es un diagnóstico de la situación actual, más no una Política Publica de seguridad ciudadana.
OTROS CONTRATOS
A mediados de 2012 en el gobierno de Carlos Caicedo, los contratos con esta fundación han sido el ‘pan’ de cada día. El 7 de abril de 2013 inscribió oficialmente la Fundación Paz y Reconciliación, No habían pasado 9 meses de la creación de la fundación de León Valencia cuando ya estaba contratando con la Alcaldía de Santa Marta. Desde enero de 2014 hasta lo que va corrido de 2017 la lista de contratos es larga: El 24 de enero de 2014 Paz y Reconciliación suscribió el contrato 002 por valor de $231 millones y cuyo objeto fue “aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para contribuir al desarrollo de la línea 1.1.3 del plan de desarrollo 2012-2015 “equidad para todos primeros los niños y las niñas” por medio del apoyo a la implementación de las políticas públicas de víctimas, el plan de prevención y la garantía de no repetición”.
Para la vigencia 2015 la Fundación Paz y Reconciliación nuevamente estuvo en el presupuesto de la ciudad de Santa Marta. En esta ocasión a través del contrato número 012 del 01 de abril de 2015, por valor de $705 millones. El objeto contractual: “aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para el funcionamiento del observatorio de seguridad y convivencia ciudadana, que brinde conceptos técnicos para la implementación de políticas públicas de seguridad y convivencia ciudadana que permitan prevenir y enfrentar las diferentes formas del delito en el marco del proceso de paz y el posconflicto”.
En el año 2016 nuevamente la Fundación Paz y Reconciliación se hace acreedora de otro contrato, el 006 del 15 de abril de 2016, por valor de $628 millones y cuyo objeto contractual fue: “Aunar esfuerzos para la construcción de diferentes procesos de planeación e implementación de políticas públicas de seguridad y convivencia, control social´´.
Sin embargo, la situación de inseguridad en Santa Marta nunca cambió y las famosas alarmas comunitarias no son conocidas por las comunidades.
