Las personas privadas de la libertad protestaron a finales de julio, exigiendo mejores condiciones.
La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Alcaldía de Santa Marta un informe sobre las acciones desplegadas en relación al motín que hicieron los presos el pasado 23 de julio en la estación Norte, ubicada en pleno centro de la ciudad.
Lo anterior, con el objetivo de verificar la correcta adopción de medidas, actividades o programas dentro de la gestión del gobierno distrital para atender esta problemática.
El ministerio público, a través de la Delegada para la defensa de los derechos humanos requirió a la alcaldía reportar las actuaciones desarrolladas en aras de mejorar las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad en calidad de sindicados en el distrito.
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Además, le pidió información sobre el avance de la construcción del fondo de infraestructura carcelaria y las gestiones adelantadas para la suscripción de acuerdos interadministrativos con el Inpec.
Recordemos que, los presos se tomaron las instalaciones de la estación e intentaron quemar las oficinas, asegurando que se encontraban en pésimas condiciones.
