El mandatario de los samarios anunció operativos, mayor presencia de la fuerza pública y acciones coordinadas para proteger a comerciantes y frenar las intimidaciones.
La creciente denuncia de presuntas extorsiones contra comerciantes, emprendedores y trabajadores informales en Santa Marta encendió las alertas de las autoridades, luego de que múltiples ciudadanos aseguraran haber recibido mensajes intimidantes y visitas de hombres que se identifican como integrantes de un grupo armado y exigen dinero a cambio de permitirles trabajar.
De acuerdo con los testimonios conocidos en los últimos días, las intimidaciones se estarían difundiendo rápidamente entre los sectores productivos, desde pequeños negocios hasta actividades informales, mediante llamadas, mensajes de texto y contactos directos. Las denuncias también mencionan el cobro de supuestas “multas” por diferentes montos, lo que ha generado preocupación e incertidumbre entre quienes dependen de estas actividades para su sustento diario.
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La situación provocó la reacción inmediata de la administración distrital. El alcalde Carlos Pinedo Cuello anunció la convocatoria de un consejo extraordinario de seguridad, programado para este jueves, con el propósito de analizar el panorama y adoptar medidas urgentes frente a las denuncias.
A la reunión fueron convocadas todas las autoridades con presencia en el Distrito, entre ellas la Policía Nacional de Colombia, el Ejército Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y demás organismos de control, con el fin de coordinar acciones que permitan garantizar la seguridad de la ciudadanía.
El objetivo principal del encuentro será definir una respuesta institucional inmediata, fortalecer los operativos de control y aumentar la presencia de las autoridades en los sectores donde se han reportado los casos, especialmente en zonas comerciales y turísticas como El Rodadero.
Desde la administración distrital se busca enviar un mensaje de respaldo a los comerciantes y trabajadores, considerados pilares fundamentales de la economía local, y reafirmar el compromiso de las autoridades con la protección de sus derechos y su integridad.
