Se confirmó también que Veolia no prestará más el servicio en la ciudad.
Tal parece que las cosas no siguen siendo armónicas al interior de la Alcaldía, Andrés Rugeles, alcalde encargado, solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos y a los entes de control vigilancia especial en el manejo de los recursos y la operación de la Essmar.
Según manifestó le preocupa que hasta la fecha no se le ha brindado información de costos, operación y gastos, por lo que solicitó a los entes competentes investigar esta situación.
“Solicito acompañamiento especial a los entes de control, para la operación de la Essmar para garantizar el servicio de legalidad para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado. Antes de asumir como alcalde encargado de Santa Marta, la junta directiva de la empresa Essmar, decidió mediante artículo 1 del acuerdo 2 del 22 de marzo de 2019, iniciar operaciones el 18 de abril de 2019, decisión que está vigente”, dijo Andrés Rugeles.
“No obstante quiero manifestar mi preocupación frente la decisión del pasado 22 de marzo, ya que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en su recientes comunicaciones ha afirmado que no hay claridad frente a la garantía de la continuación de la operación del servicio de agua y alcantarillado de la ciudad”, añadió el Alcalde encargado.
Sobre la documentación dijo que “Asimismo debo decir que al inicio de sesión de hoy no he recibido la documentación indispensable para tomar decisiones en carácter de miembro de la junta directiva de Essmar y presidente de la misma”.
EL COMUNICADO
“En efecto la opinión pública debe saber que a la fecha no ha sido posible tener copia de los contratos celebrados por la administración de la empresa Essmar, para asumir como prestadora directa los servicios de acueducto y alcantarillado, ni de la siguiente información: los costos precisos de la operación a través de Veolia, los informes de auditoría, los conceptos técnicos, jurídicos y operativos para la prestación del servicio, el cronograma de transición operativa.
Hago un llamado a las autoridades de vigilancia y control para que tomen medidas urgentes en cuanto a la demora, cuyo potencial carácter de dolo, habrá que ser investigado por las entidades competentes.
Solicito el acompañamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos para el proceso de transición, para el ejercicio de los controles tarifarios y para asegurar que la operación cuente con un seguimiento especial en materia jurídica, contractual, técnica y tarifaria.
Pido a las autoridades ejercer una vigilancia especial a los recursos que provienen del Sistema General de Participaciones, tarifas y contribuciones especiales”.
