» El ente nacional abrió indagación a 28 alcaldías por presunta negligencia para atender problema carcelario. Santa Marta está entre ellas.
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación contra 28 alcaldes, entre ellos el de Santa Marta, por presunta falta de diligencia y efectividad para la toma de medidas de orden presupuestal, de planeación y administrativo, para proteger los derechos de la población carcelaria.
Fernando Carrillo Flórez, procurador general, advirtió que el origen de este proceso es la “negligencia extrema” de los alcaldes para atender esta “gran tragedia donde pareciera que nadie está haciendo nada”.
Este anuncio lo hizo al instalar junto con la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, el encuentro sobre la situación carcelaria y derecho a la salud en Antioquia.
“En el caso de los alcaldes la negligencia ha sido extrema y por eso la presidenta de la Corte nos exigía más acciones y por supuesto que vamos acoger ese llamado y de hecho estamos iniciando una indagación contra 28 alcaldes del país, en 28 departamentos donde pocas acciones se han presentado”.
Junto a Santa Marta están en la lista de la Procuraduría otras capitales de la Región Caribe como Barranquilla, Cartagena, Valledupar, Montería, Riohacha, San Andrés, Sincelejo, Providencia y Santa Catalina.
“Muchos alcaldes ni siquiera se han dignado responder las solicitudes de la Procuraduría, con la responsabilidad que tienen a nivel de los establecimientos penitenciarios y carcelarios para tomar cartas en el asunto”, explicó Carrillo.
Los mandatarios de Arauca, Leticia, Medellín, Tunja, Manizales, Florencia, Yopal, Popayán, Bogotá, Neiva, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Mocoa, Armenia, Pereira, Bucaramanga, Ibagué y Cali; también aparecen en la lista que entregó la Procuraduría.
“La indagación disciplinaria supone el inicio de un proceso para demostrar que somos serios y que además acatamos las órdenes de la Corte Constitucional en esa materia”.
Carrillo Flórez lamentó la inexistencia de una política criminal, como la que ha solicitado la Corte Constitucional, y demandó que el Plan Nacional de Desarrollo prevea respuestas para atender esta “tragedia”.
“Aquí estamos enfrentados a una gran tragedia donde pareciera que nadie está haciendo nada, una gran tragedia donde la política pública a nivel nacional no funciona, una gran tragedia que está hoy sobre la mesa”.
Finalmente, el jefe del Ministerio Público condenó la falta de acciones para poner en marcha planes de resocialización y el escaso o casi nulo trabajo alrededor de la justicia restaurativa, donde el ente de control está liderando algunas acciones.
