Su presencia en el alto tribunal ha sido cuestionada desde que fue elegido en 2013. Su elección fue anulada y luego de varias instancias judiciales regresó a la Corte. Ha tenido en su despacho decisiones claves, como el más reciente auto sobre las restricciones al uso del glifosato.
El nuevo presidente de la Corte Constitucional es el magistrado Alberto Rojas Ríos, quien reemplazará en el cargo a su colega Gloria Stella Ortiz Delgado. De estripe liberal, el jurista fue elegido por siete de sus compañeros de la Sala Plena, como estaba previsto. No lo votó el magistrado Carlos Bernal y la magistrada Diana Fajardo no estuvo en la sesión por incapacidad médica. Rojas Ríos ha tenido bajo su cargo casos claves como, por ejemplo, el fallo de 2017 que tumbó la regulación sobre la protesta del Código de Policía por ser contraria a la Constitución; y el reciente auto sobre glifosato que reiteró la suspensión de su uso y las condiciones que se deberían cumplir para poder volver a usar el herbicida. A su vez, ha sido protagonista de cuestionamientos y polémicas.
Nacido en Pereira y abogado de la Universidad Externado, su hoja de vida registra que es candidato a doctor por la Universitat de València, España, que tiene una maestría de Derechos Humanos, de la misma universidad y especializaciones en Derecho Procesal, Administrativo y Constitucional. Ha sido docente por más de 22 años y fue procurador delegado para asuntos civiles, entre otros. Fue elegido por el Senado como magistrado del alto tribunal en 2013, de una terna compartida con Alejandro Linares y Martha Lucía Zamora. En ese momento se conoció el reclamo de una viuda que alegó que en el abogado se quedó con el dinero de una indemnización que le entregó el municipio de Funza por un accidente en el que murió su esposo.
Rojas Ríos indicó que no se apropió de los recursos, sino que se los entregó a quien tenía el titular de los “derechos litigiosos” y aseguró -en una carta enviada a este diario en 2013- que “este el caso que, magnificado y ampliado, ha servido a mis detractores para la campaña de descrédito y de acusaciones calumniosas, para quienes no tiene ninguna validez la sentencia ni los efectos de la cosa juzgada”. Se refería el magistrado al fallo del Juez 21 Penal del Circuito de Bogotá que declaró en 2009 la prescripción del caso. Posesionado en el cargo, Rojas Ríos enfrentó una demanda de nulidad en contra de su elección que alegaba la existencia de vicios en la elaboración de la terna por parte del Consejo de Estado.
¿La razón? Que en las jornadas de votación que realizó la Sala Plena para escoger a Rojas, Linares y Zamora hubo votos públicos, cuando la elección es secreta. El caso le tocó a la Sección Quinta del propio Consejo de Estado, que anuló la elección de Alberto Rojas como magistrado, en un hecho sin antecedentes, el 25 de junio de 2014. Esa decisión señaló que las elecciones de Sala Plena deben ser, por obligación, secretas y que, por tanto, se vulneró el reglamento interno “afectando de manera grave y definitiva la escogencia realizada por el Senado”. Rojas Ríos tuvo que salir del cargo, pero peleó.
Presentó una tutela contra esa decisión que fue negada en diciembre de 2014 por la Sección Primera del Consejo de Estado, pero que fue fallada a su favor en mayo de 2015 por la Sección Segunda de esa misma corporación que tuvo tres conjueces. El argumento central fue que, si bien en la ronda número 13 de votaciones en la Sala Plena para elegir a los ternados sí hubo votos públicos, fue en la 14 en la se hizo la elección definitiva y esa sí fue secreta. Rojas Ríos volvió a la Corte Constitucional el 19 de mayo de 2015 y fue ratificado en ese cargo por sus propios compañeros, quienes, en mayo 2018, revisaron esa tutela y acreditaron que no había vicios al aclarar que, si bien el voto secreto es un derecho, no es una obligación y es posible renunciar al mismo y votar públicamente de manera voluntaria.
Rojas Ríos volvió al ruedo justo en medio del peor escándalo de corrupción que ha tocado a la Corte Constitucional: apenas unas semanas atrás el entonces magistrado Mauricio González denunciaba ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes a su colega Jorge Pretelt, quien debía asumir la presidencia ese año, por un supuesto pedido de $500 millones que este habría hecho para favorecer a la empresa Fidupetrol con una tutela. El caso lo tenía González y se falló en contra de los intereses de la empresa, pero la tutela fue seleccionada para estudio por los magistrados Alberto Rojas y Jorge Iván Palacio el 17 de octubre de 2013.
Más de cuatro años después de la denuncia original, en diciembre de 2019, Pretelt fue condenado a 15 años de prisión por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema que tuvo en cuenta, entre múltiples pruebas, el testimonio de Víctor Pacheco, abogado de Fidupetrol, quien declaró que Pretelt le hizo la petición de dinero -a modo de sugerencia- en una reunión en su apartamento. La sentencia reconstruye paso a paso la supuesta intervención de Pretelt en el caso -como sugerir que se contratara al exmagistrado Rodrigo Escobar Gil-y enfatiza en las reuniones que sostuvo Pacheco con magistrados, incluyendo a Rojas.
Fueron dos encuentros, dice el fallo contra Pretelt, el 4 de octubre de 2013. Una, entre las 10:26 am y las 12:22 p.m.; y, otra, entre las 12:28 y 12:49 de la tarde. Ese día, es el mismo en que “firmó el otrosí por medio del cual se le reconoció el pago de $50 millones (de sus honorarios como abogado de Fidupetrol)”. Según la Corte, esta situación “se torna inquietantemente indicadora, habida consideración que fue uno de los magistrados que seleccionó la tutela de Fidupetrol para revisión, porque, según palabras del entonces magistrado Jorge Iván Palacio-el otro integrante de la sala de selección-, en principio se negó a considerar la tutela para revisión, pero finalmente lo convencieron los argumentos del doctor Rojas”.
Sobre esta condena, Rojas Ríos dijo a Semana que, si bien recibió a Pacheco para tratar un tema académico, lo hizo por un breve tiempo por lo que -supuestamente- el abogado había aprovechado su ingreso al alto tribunal para moverse dentro de sus instalaciones. Por ahora, este asunto tiene una segunda instancia que deberá resolverse por una sala de conjueces en la Sala Penal de la Corte Suprema. Aunque este es el más reciente de los hechos en los que ha sido mencionado Rojas Ríos, hay otro episodio más que remonta a 2016 cuando presentó una insistencia para que fuera seleccionada una tutela que había presentado Sofía Jiménez, condenada a 52 años de prisión por el homicidio de su esposo Óscar William Parrado, su hijastro y dos personas más para quedarse con el emporio de los Autorrolings en el Meta.
La mujer, según la Fiscalía, habría pagado a un funcionario judicial para recibir el beneficio de casa por cárcel, pero la primera esposa de Parrado presentó un tutela que la devolvió a prisión y que falló la Corte Suprema de Justicia. Jiménez alegaba que necesitaba estar en su hogar para poder atender a tres hijos menores de edad. En medio de las pesquisas, salió a la luz que Rojas Ríos había insistido ante sus compañeros de la Sala Cuarta de selección de tutelas, Gloria Ortiz y Luis Guillermo Guerrero, para escoger el caso, lo cual no pasó. Su argumento, consignado en 12 páginas, era la desprotección de los menores de edad. Al conocerse este hecho, Rojas aseguró que presentó la insistencia sin saber quiénes eran las personas involucradas.
El Espectador estableció que precisamente los hechos relacionados con el trámite de la selección de la tutela de Fidupetrol y la insistencia fueron dos de las razones del magistrado Carlos Bernal para oponerse a que Alberto Rojas Ríos fuera elegido presidente. De hecho, en 2019, cuando Rojas Ríos fue elegido vicepresidente, el magistrado Bernal también se opuso bajo la consideración que la presidencia del alto tribunal la debe ejercer una persona que no tenga señalamiento alguno.
Tomado de El Espectador
