En una decisión contundente tomada en la noche durante consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro ordenó liquidar las EPS que estén en quiebra, marcando un giro drástico frente a la crisis del sistema de salud en el país.
La jornada terminó con un anuncio que movió al sector salud. En medio de un consejo de ministros, el mandatario fue directo: las Empresas Promotoras de Salud que no sean viables financieramente deberán desaparecer. La instrucción, sin rodeos, fue dirigida tanto al Ministerio de Salud como al de Hacienda, dejando claro que el margen de maniobra del Gobierno se agotó.
El jefe de Estado justificó la decisión en la profunda crisis que atraviesan varias EPS, señalando que no hay espacio para seguir sosteniendo estructuras que, según dijo, están quebradas. Con esto, el Gobierno busca reorganizar el sistema y frenar el deterioro en la prestación de servicios que afecta a millones de usuarios.
Uno de los puntos más sensibles del anuncio fue el rechazo a utilizar recursos públicos para cubrir las deudas acumuladas por estas entidades. De acuerdo con estimaciones mencionadas en el mismo escenario, el pasivo de las EPS en crisis rondaría los 50 billones de pesos, una cifra que el Ejecutivo no está dispuesto a asumir.
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El presidente también vinculó su decisión a un reciente revés judicial. La suspensión provisional del decreto 0182 de 2026 por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, que planteaba el traslado masivo de usuarios entre EPS, terminó por cerrar una de las alternativas que tenía el Gobierno para reorganizar el sistema sin recurrir a medidas más drásticas.
En paralelo, Petro anunció la convocatoria de un CONFIS con el objetivo de respaldar a la Nueva EPS, una de las entidades clave dentro del sistema. Allí se buscarían salidas financieras que permitan su sostenibilidad en medio del complejo panorama que enfrenta el sector.
Finalmente, el mandatario insistió en que la crisis no obedece a falta de recursos desde el Estado. Según afirmó, durante su gobierno se han girado más fondos que en administraciones anteriores, por lo que responsabilizó a las EPS en quiebra de su propia situación. Con este movimiento, el Ejecutivo pasa de las intervenciones a una fase más radical: cerrar definitivamente a quienes no logren sostenerse.


