Acolfutpro denunció supuestas presiones y amenazas de despido, vetos para volver a ser contratados y sanciones disciplinarias y económicas de algunos directivos de instituciones deportivas con sus asociados.
“Tales presiones se pueden tipificar en conductas sancionables”, añade el ente, citando el Artículo 200 del Código Penal, el cual manifiesta que quien “impida o perturbe los derechos que conceden las normas laborales o tome represalias con motivo de huelga, reunión o asociación legítima, incurrirá en pena de prisión de uno a dos años y multa de 100 a 300 Salario Mínimos Legales Vigentes”.
“Algunos directivos deslegitiman la autoridad del Ministerio de Trabajo sobre asuntos laborales, desconociendo que la legislación laboral protege los derechos de asociación y negociación, tildando de irresponsables a los futbolistas que llevan a cabo el cese de actividades”, agrega la misiva de Acolfutpro.
Acolfutpro confirmó que la planificación para el cese de actividades en el FPC continúa y que no se detendrán si no reciben luz verde por parte de la Dimayor para establecer diálogo alrededor del pliego de peticiones enviado con anterioridad.
