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Región Caribe

Acción popular de Ingrid Aguirre contra Ari-e y Afinia, recibe respaldo en el Cesar y La Guajira

La jornada había dado inicio en Barranquilla y Soledad, Santa Marta también hace su aporte y se extiende por todo el Caribe.

La representante a la Cámara por el partido Fuerza Ciudadana, Ingrid Aguirre, continúa recorriendo la región recogiendo firmas que robustezcan la acción popular presentada contra Air-e y Afinia.

En Riohacha, en el Parque Almirante Padilla de Riohacha, empezó la recolección de firmas como parte de la iniciativa que ya se extendió a Valledupar, Santa Marta, Cartagena y que inició la semana anterior en Barranquilla.

Aguirre Juvinao recorre varias en busca de respaldo popular y de escuchar el sentir de la gente, para luego radicar la acción procesal ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, con el propósito de frenar los excesivos cobros de la factura de energía que en esta región se han vuelto impagables.

“Soy una ciudadana más que se está viendo afectada por esta situación de las altas tarifas, mientras que en estos recorridos me he encontrado con personas que se ganan un salario mínimo y sus recibos superan los 700 mil pesos mensuales”, dijo Ingrid Aguirre.

La congresista asegura que esta medida es en respuesta a las alzas en las tarifas de energía eléctrica que han afectado significativamente a los hogares y empresas del Magdalena, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico y La Guajira.

Se busca que el valor pagado mensualmente corresponda al consumo real de energía eléctrica, excluyendo el cobro de pérdidas técnicas y no técnicas de la fórmula de cálculo de la factura.

“Solicitamos la revisión de la tarifa diferencial durante la pandemia del Covid-19 y en caso de no ser posible la solución anterior, se pide que la CREG modificar la fórmula de cobro de la tarifa diferencial durante este periodo, disminuyendo el porcentaje correspondiente a este cobro. La acción se fundamenta en la protección de los derechos colectivos de los ciudadanos, especialmente en un contexto donde los altos costos de energía afectan el ejercicio de derechos fundamentales como la vida, la salud, el trabajo y la educación en la Región Caribe. Las personas no pueden seguir con la incertidumbre de pagar la factura o satisfacer otras necesidades básicas como comprar la comida para el hogar”, explicó la representante a la Cámara, Ingird Aguirre.

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