Esto representa el 24% de la totalidad de poblaciones del país. Taraira (Vaupés), San Cayetano (Norte de Santander) y Restrepo (Meta) son los que más recogen potencial de trashumancia.
Desde que el trasteo de votos, técnicamente conocido como trashumancia, se tipificó como un delito electoral en 2017, los entes de control vienen adelantando procesos juiciosos para poner la lupa en las inscripciones de cédulas atípicas. Para los comicios de octubre las alarmas están prendidas y desde la Procuraduría advierten de 262 municipios en alto riesgo de presentar este fenómenos.
Eso representa el 24% de los municipios del país, mientras que el 74% está en un riesgo bajo y el 3% en uno bajo. Taraira (Vaupés), San Cayetano (Norte de Santander), Restrepo (Meta), Puerto Colombia (Atlántico) y Puerto Gaitán (Meta) son las poblaciones que encabezan el potencial de trashumancia.
Para aterrizar la problemática, por ejemplo, en Barranquilla se inscribieron 118.164 cédulas, de las que 16.714 son sospechosas de trasteo de votos. Pasa lo mismo con Soledad, de los 47.896 inscritos, 12.606 no tienen justificación del cambio de lugar de votación. Es más, 15 municipios suman 105.000 cédulas potenciales de trashumancia.
En ese orden de ideas, los departamentos con más municipios en riesgo son Boyacá, con 56, Cundinamarca (40), Antioquia (35), Santander (21), Norte de Santander (13). Así las cosas, 27 de los 32 departamentos están en riesgo de trasteo de votos.
“Estamos llamando a la ciudadanía a hacer las denuncias, que se acerquen a las procuradurías, personerías y fiscalías, para que denuncien a los mercaderes de votos”, dijo el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo.
Los resultados fueron hallados por el cruce de base de datos de cédulas registradas versus bases del Sisben, seguridad social y Agencia para la Superación de la Pobreza; censo electoral versus proyección poblacional; y censo electoral versus población mayor de edad.
“Uno puede elaborar hipótesis, que se deben de corroborar, como la situación en municipios que son de frontera, otros que son municipios con migración, otras con tradición minera o con prácticas clientelistas”, explica Carrillo, reiterando que este apenas es un indicador que da pie a investigaciones.
Este rastreo se complementa a otras acciones adelantadas desde el Ministerio Público para el control ad portas de la contienda electoral. Se suman a las acciones las más de 800 visitas para la vigilancia del cumplimiento de la Ley de Garantías, el informe de los más de 600 candidatos con alguna inhabilidad y la aplicación que lanzarán la próxima semana para las denuncias de la publicidad ilegal.
“Estamos dispuesto a demostrar que los delitos electorales no pueden ser letra muerta, que vamos a estar atentos a que se den las investigaciones, para que los delincuentes electorales, esta vez, lo piensen dos veces, hay nuevas armas en materia de delitos”, concluyó el procurador.
