Por estos días, con la entrada en vigencia de la ley 2013 de 2019 que obliga a los funcionarios a hacer públicas sus declaraciones de renta (2018), en las disputas políticas pueden contarse muchos ceros. 21.242 funcionarios de los 40.812 que están obligados, ya hicieron público el documento, según el Departamento Administrativo de la Función Pública, y en los medios y las redes sociales las cifras compartidas por cada funcionario han comenzado a ser esgrimidas para ataques o defensas.
El documento del expresidente y senador Álvaro Uribe, por ejemplo, fue objeto de críticas, que cuestionaron que el total del saldo a pagar para 2018 fuera de 0 pesos.
“Pagué más en declaración de renta que Iván Duque, Álvaro Uribe y Marta Lucía Ramírez y varios ministros sumados”, publicó en Twitter el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, quien suena como aspirante a la presidencia en 2022.
La lupa también incluyó a funcionarios con altos patrimonios, como el congresista por el movimiento Decentes, Gustavo Bolívar, quien suma el cuarto más alto de todos los congresistas hasta ahora –5.400 millones de pesos– y respondió a las críticas en redes sociales señalando que se trata de “dinero gringo que repatrío e invierto en Colombia”.
Lo que hay tras los números
Sin embargo, en medio del cruce de cifras y cuestionamientos, hay vacíos sobre lo que realmente revelan estos documentos y su aporte a la transparencia.
José Roberto Acosta, experto en tributación y profesor de la Universidad del Rosario, explica que algunas de las críticas parten del desconocimiento. “El hecho de que el renglón de saldo a pagar aparezca en 0, por ejemplo, no quiere decir que no paguen; lo que sucede es que estos impuestos les fueron cobrados por retención en la fuente; es decir, un pago adelantado”.
Otros aspectos del documento, no obstante, son un insumo para la transparencia, como el origen de los ingresos de los funcionarios.
En el caso de Uribe, por ejemplo, su declaración revela que la mayoría de sus ingresos en 2018 (1.200 millones de pesos), provinieron de rentas no laborales, entre las que se incluyen actividades como la agricultura y la ganadería. En contraste, el expresidente obtuvo solo 30.000 pesos por sus rentas de capital, las que provienen de sus bienes y sus productos financieros.
Este miércoles, El Centro Democrático compartió un comunicado en el que señala que “todos los bienes del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez han sido históricamente declarados”, y especifica, año a año, cuánto le fue liquidado por impuesto de renta.
Entre los miembros del Gobierno cabe destacar casos como el de la Ministra del Interior Alicia Arango, quien pese a contar con el tercer mayor patrimonio del alto Gobierno –3.227 millones de pesos– no percibió mayores ingresos en 2018, lo que de acuerdo con Acosta podría corresponder a un capital acumulado anteriormente, por herencia u otra ganancia ocasional.
Transparencia
El mandato detrás de la ley que ha generado este debate, es la lucha contra la corrupción. La obligatoriedad de publicación de las declaraciones de renta obtuvo 11.6 millones de votos, como el quinto punto de la consulta votada en agosto de 2018.
Ya en la práctica, algunos sectores han cuestionado si en efecto una medida como estas ataca la corrupción: “Tiene un efecto simbólico. Publicar este documento puede generar que se crea que el que tiene mucho es un bandido y el que tiene poco es bueno”, señala el representante Liberal Julián Peinado.
Este efecto simbólico se refleja en hechos como que el senador Gustavo Petro haya publicado su declaración de renta antes en Twitter que en la página de Función Pública, por lo que a efectos prácticos está incumpliendo la ley 2013 de 2019.
Pero tras la apariencia y los señalamientos sin suficiente fundamento, hay un avance, de acuerdo con la representante Juanita Goebertus, ponente de la ley: “La publicación ha puesto a todo el mundo a conversar sobre el deber de pagar impuestos. Quienes quieran hacer trampa con su declaración seguramente podrán seguir haciéndolo, pero tener que publicarla eleva el grado de rendición de cuentas y previene la corrupción”.
